Hoy, las empresas se enfrentan a multitud de riesgos operativos y legales, sobre todo en el panorama digital. En este sentido, es fundamental contar con un especialista en el marco legal y ético en el que las organizaciones desarrollan su labor. Hablamos del profesional en Corporate Compliance, un perfil que cada vez más demandado para conseguir un buen gobierno corporativo.
Las necesidades empresariales han cambiado y la responsabilidad corporativa cada vez tiene más peso en cualquier organización. Si antes se podía contar con un asesor de manera puntual, actualmente el officer compliance está presente como parte del equipo.
Corporate Compliance significa "cumplimiento corporativo" y se enfoca en las buenas prácticas para conseguir que la empresa o institución desarrolle su actividad sin riesgos legales o financieros, mediante un protocolo de prevención, acción y supervisión.
La prevención de delitos es una tarea obligatoria en un entorno marcado por el incremento de la sensibilidad social en cuestiones de ética. La consecuencia de no actuar con transparencia o de no seguir el marco regulador pueden desembocar en la pérdida de credibilidad, reputación y mala prensa.
Aunque todavía es un trabajo poco conocido, el responsable en Corporate Compliance se encarga de elaborar el plan de prevención corporativo (en delitos fiscales y financieros), informa e instruye a todo el personal en las herramientas de cumplimiento necesarias y habilita protocolos y canales de denuncia corporativos en coordinación con la dirección general.
Además, se encarga de definir las responsabilidades jurídico penales de trabajadores, directiva y socios y trabaja con con conceptos como los siguientes:
En este sentido, es fundamental que sea una persona comprometida, con un gran sentido de la responsabilidad, imparcial e informada sobre los cambios en el ámbito normativo. Además, debe tener tener conocimientos legales y conviene que también esté formado en gestión de empresas.
Por ello, los alumnos suelen venir de titulaciones en Derecho o ADE (Administración y Dirección de Empresas), pero también a personas procedentes de auditorías, consultoras y, en general, aquellos profesionales que trabajen en empresas cuyas funciones pasen por el cumplimiento normativo.
Podrás trabajar, fundamentalmente, como Compliance Officer, como responsable de cumplimiento normativo de la empresa o como asesor penal de empresas. Es interesante recuperar lo que dice Xavier Ribas en Legal Today: “Para los abogados que tienen su propio despacho, o que trabajan en un despacho de abogados, la prestación de servicios de compliance ofrece también una oportunidad para satisfacer una necesidad que afecta a todas las empresas, sea cual sea el sector al que pertenezcan”.
La presencia del Corporate Compliance en el mercado laboral ha ido creciendo a lo largo de los años. Los abogados han encontrado en ella una profesión con futuro, en el caso de España, sobre todo a partir de la reforma del código penal de 2015.
En 2016 esta tendencia empezó a crecer, y las entidades financieras y de seguros eran sobre todo las que más buscaban a los nuevos expertos, como refleja una información publicada por Expansión. No obstante, en la actualidad abarca todos los sectores, un hecho muy vinculado a la legislación sobre los derechos digitales.
En el caso de ciertos países de América Latina, hay una traba para la presencia de los profesionales en Corporate Compliance vinculada a la corrupción. No obstante, la responsabilidad penal de las personas jurídicas que trajo consigo la Ley Anticorrupción parece estar cambiando el panorama en cierto sentido y terminará por exigir la presencia de los profesionales en la materia.
En este sentido, son muy interesantes los datos que aportan desde el Sistema Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial: “Según el índice de percepción de corrupción (2017) de Transparencia Internacional (T.I), solo Uruguay (23), Chile(26), y Costa Rica (28), están dentro de los 30 países con menor corrupción sobre 183 países a nivel mundial. En el nivel más alto, se encuentra Honduras y Rep.Dominicana (135), Paraguay y México (135), Guatemala (143), Nicaragua(151), Haití( 157) y Venezuela (169)”.
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